Dic 182012
 

Especialistas de distintas disciplinas vinculadas con el abordaje judicial de niños víctimas y testigos de delitos, coincidieron en señalar que el protocolo interinstitucional presentado ayer en el Poder Judicial de la provincia es “de avanzada a nivel país”, por sus características, alcances y actualidad, y señalaron que este importante logro institucional posiciona a Formosa como una provincia pionera en esta temática.

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“Felicito a esta provincia por la seriedad y responsabilidad con que han encarado este tema tan sensible”, señaló la doctora Virginia Berlinerblau, médica forense y especialista en siquiatría infanto juvenil y medicina legal de la Justicia Nacional, quien fue una de las disertantes en la presentación oficial del protocolo interinstitucional para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencias, abusos y otros delitos.

El acto tuvo lugar a las 17 en el aula magna de la Escuela Judicial, en el sexto piso del Edificio Tribunales, con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ariel Gustavo Coll, los ministros Eduardo Manuel Hang y Marcos Bruno Quinteros y el procurador general subrogante, Alejandro Postiglione.

También asistieron el ministro de Educación, Alberto Zorrilla, por la Jefatura de Gabinete la subsecretaria de Derechos Humanos, Sylvina Arauz, en representación del Ministerio de la Comunidad lo hizo la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, doctora Graciela Parola . Por el Ministerio de Desarrollo Humano estuvieron presente Leonardo Guaimasy y Jorge Niclás Duisit.

Trabajo coordinado

Al hablar en la apertura del acto, el ministro Hang destacó como hecho positivo el trabajo coordinado que hicieron el Poder Judicial con ministerios del Poder Ejecutivo y la Policía, y señaló que hoy ya no se puede hablar de compartimientos estancos, ya que “algunos asuntos ameritan el trabajo y la colaboración conjunta”.

Dijo que el protocolo que se presentó es la culminación de un arduo trabajo que comenzó con el puntapié inicial que dio el  entonces secretario del Tribunal de Familia, Sergio López, hoy juez de Instrucción y Correccional en Las Lomitas, y valoró en el mismo sentido el esfuerzo de la fiscal Rossana Bassanese y la asesora de Cámara, Fátima Pando, que tuvieron a su cargo la delicada misión de redactar y sistematizar el protocolo.

Destacó asimismo que la esencia del documento apunta a evitar la revictimización de los niños que son víctimas o testigos de un delito, “ya que de esto se trata y sobre este andarivel debemos trabajar”, enfatizó.

Modelo y ejemplo

Además de la doctora Virginia Berlinerblau, quien calificó al protocolo como “modelo y ejemplo a seguir”, recordando que ni Buenos Aires aún cuenta con un plexo normativo de esta envergadura, también disertaron la doctora Sabrina Viola, representante de la Asociación por los Derechos Civiles y el doctor Diego Freedman, docente en la Comisión de Derecho Penal Juvenil de la Universidad de Buenos Aires y consultor de UNICEF.

Los tres profesionales explicaron en detalle el contenido del protocolo, sus características y alcances y ofrecieron una clase práctica sobre cómo debe formularse la entrevista a menores que son víctimas o testigos de abusos sexuales y otros delitos.

La doctora Viola explicó que el protocolo contiene lineamientos unificados obre como debe ser el abordaje consensuado entre los Poderes del Estado, de manera de no revictimizar a los niños y obtener una prueba que se válida para el proceso penal, con lo cual lo que establece este documento y facilita es  “la protección del niño”  y la acción articulada entre los distintos organismos involucrados en esta temática.

En cuanto a los alcances del protocolo, la profesional dijo que va desde el comienzo del proceso, es decir desde la denuncia, ya sea en la Comisaría, escuelas u  hospitales, pasando por la atención inmediata y la contención de la víctima, y a partir de ahí “como se produce el acceso a la Justicia y como debe ser el proceso dentro de la Justicia. Luego también prevé  todo lo que es el seguimiento y abordaje posterior del niño”, indicó.

“Con la denuncia el niño es expuesto a todo lo que es el proceso judicial y después no hay tratamiento posterior, ya que todos sabemos que es menor e incluso su familia necesitan contención, ya sea sicológica, económica y muchas veces hasta tratamiento de salud. El protocolo también contempla a los testigos en lo que hace a la toma de declaración”, señaló.

Recordó que en Formosa –pionera en esta materia-  se viene trabajando hace varios años con Cámara Gesell, a partir de una atinada reforma que se hizo del Código Procesal en la provincia.  “El protocolo apunta a menores de edad por pertenecer a  un grupo vulnerable,  que merece un tratamiento especial en la manera en que se toma la declaración”, insistió.

Dijo además que dentro  del Poder Judicial la aplicación del protocolo es de carácter obligatorio porque el 31 de octubre el STJ sacó una Acorada en este sentido, mientras que en el Poder Ejecutivo si bien no hay una norma específica, algunos organismos ya están aplicando este documento.

Señaló también que para llegar a esta instancia se tuvo que hacer un cambio progresivo que partió desde tratados internacionales, pasando por modificaciones a códigos de procedimientos de la Nación y luego de las provincias. “Hubo un cambio de paradigma de lo que se entiende como protección del niño y específicamente en Formosa las autoridades fueron precursoras en la toma de decisiones para que el proceso llegue con éxito hasta llegar a un día tan importante como éste. Elegimos tres provincias, Formosa, Jujuy y Tucumán, pero fue Formosa la primera en aprobar este protocolo y apostar por generar este cambio”, valoró.

“Es un gran avance normativo, creemos que también tenemos que trabajar fuerte en la implementación, capacitar a todos los operadores y funcionarios que tienen que llevar a la práctica estos lineamientos, los que están totalmente acordes con los códigos de procedimientos que vigentes en Formosa”, concluyó Viola.

 

Asesora de Menores

De acuerdo a lo explicado por la Asesora de Menores de Cámara, Fátima Pando, este protocolo se trata de “un trabajo tan novedoso como inédito, dado que se desarrolló una labor conjunta entre el Poder Judicial con diferentes estamentos del Poder Ejecutivo comprometidos en esta temática”. Es que además de un amplio espectro del Poder Judicial, el gobierno provincial intervino a través de sus equipos de especialistas pertenecientes a la Jefatura de Gabinete -vía subsecretaria de Derechos Humanos-, los ministerios de Gobierno, de Cultura y Educación (SETIC), de Desarrollo Humano y de la Comunidad (Niñez, Adolescencia y Familia).

“Lo que se pretende con este protocolo es evitar la re victimización del niño o niña que ingresa a proceso habiendo sido víctima del delito de abuso sexual infantil. Y puntualmente, todo sobre el trabajo interdisciplinario que justamente debe hacerse a fin de impedir esta re victimización”, explico Pando.

Subrayo que desde el Poder Judicial se viene trabajando hace tiempo en esta cuestión, y que este protocolo pasa a ser un manual de actuación basado en las experiencias de todos los lugares donde ingresan denuncias por abuso a un menor: La escuela, la policía, en la casa, en una ong y ante la subsecretaria de Niñez y Adolescencia. “Es decir cómo manejarse ante una denuncia y la manera en que ese niño ingresa a la esfera judicial, como se lo indaga”, expuso, para referir que “el objetivo es que sea entrevistado una sola vez por un psicólogo especializado en la temática y ante todos los actores procesales presentes: Juez, defensor, asesor de menores, fiscales; algo que debe hacerse a través de un sistema denominado “Cámara Jefe”. O sea, el niño solamente ingresa al recinto en compañía de una psicóloga, todo el resto de los actores procesales miramos desde un recinto aparte, justamente, insisto, para evitar se re victimice a ese niño”.

Explico que “esta entrevista, que en definitiva y jurídicamente hablando es una testimonial, se graba y luego la vemos en la audiencia de debate o juicio”.

A modo de mensaje a la población, expuso que acá no se trata solo de una denuncia, sino de una derivación responsable a partir de que todos los estamentos antes señalados estén preparados, y no solo quien trabaje en algún estamento del estado u ong, sino que incluso una maestra o cualquier vecino, ante una sospecha de abuso a un menor o de cualquier tipo de delito que ponga en riesgo a ese niñito, a través de este protocolo se adopte el procedimiento de cómo manejarse ante estos casos.

“Es que puntualmente hablando del abuso infantil es un delito prácticamente “invisibilizado”, más que nada por sus características, de ahí el valor de disponer de un protocolo como el diseñado”, concluyo destacando Pando.

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